El Ejecutivo ha cerrado la polémica suscitada hace unos meses cuando anunció la posibilidad de extender el derecho al voto a los extranjeros que residan de forma legal en España.

El texto final del Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración (PECI) 2007-2010 deja claro que, "más allá del derecho al sufragio municipal, la Constitución reserva el derecho de participación política a los ciudadanos españoles. Por tanto, aquellos inmigrantes que quieran alcanzar el máximo grado de participación han de adquirir la nacionalidad española".

De este modo, el Ejecutivo ha aparcado la posibilidad de revisar el artículo 13.2 de la Constitución para otorgar a los extranjeros el derecho al sufragio activo en las elecciones generales. Y restringe la participación en las elecciones municipales sólo a los ciudadanos de otros países con los que España tenga un "tratado de reciprocidad" para que los españoles residentes allí también puedan votar. Con estas premisas, el Ejecutivo sólo se compromete a "negociar y firmar" más convenios de este tipo.

Este punto ha sido uno de los más discutidos durante la fase de elaboración del PECI. Varias asociaciones de inmigrantes y ONG solicitaron al Gobierno elevar esta cuestión al Consejo de Estado para que estudie las garantías de incluir en una futura reforma de la Constitución el sufragio activo y pasivo de los inmigrantes. Sin embargo, fuentes del Foro de la Inmigración consultadas por este diario afirman que el Gobierno y la oposición, así como los sindicatos y la patronal, han preferido no alterar las actuales reglas de juego.

El Plan que aprobará el Consejo de Ministros este viernes reconoce que "las Administraciones Públicas no estaban preparadas para asumir e integrar el fenómeno migratorio". Las competencias de integración de extranjeros, en tanto que afectan a los servicios sociales, la sanidad, la vivienda o la educación, están en manos de las comunidades. Por eso, el PECI se ha diseñado como un marco de "carácter estatal" para definir las líneas de acción de las regiones y corregir los desequilibrios que en materia de prestaciones sociales ha generado el boom migratorio.

Los 2.000 millones de euros programados en el PECI se concertarán anualmente en planes de acción autonómicos y cada región deberá presentar al Gobierno un programa con las medidas que se van a financiar conjuntamente. El 40% del dinero irá a los municipios. El instrumento financiero principal será el actual Fondo de Acogida, con un presupuesto para 2007 de 185 millones.